Solicitaron la elevación a juicio de la causa seguida a “La banda del loco César”

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El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1 de la Capital Federal, Jorge Di Lello, solicitó elevar a juicio oral y público a siete imputados acusados de tráfico de estupefacientes, agravado por llevarse a cabo de manera organizada. Se trata de una facción de la organización narco criminal conocida como “La banda del loco César” que operaba en la Villa 31 de esta ciudad. El año pasado se pidió juicio oral a otros integrantes de la misma organización y a 14 imputados de la organización conocida como “Los Sampedranos”.
La Fiscalía consideró acreditado que los imputados formaban parte de “La banda del loco César”, una organización criminal dedicada, fundamentalmente, a la comercialización de sustancias estupefacientes al menudeo en el interior del barrio conocido como Villa 31, pasando también por el transporte, almacenamiento y fraccionamiento. Los imputados se dedicaban al comercio de marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína.
La causa se inició con motivo de la extracción de testimonios del expediente elevado a juicio el pasado año, con el objeto de profundizar aspectos de los sucesos allí analizados que restaban dilucidar. La organización denominada “La Banda del Loco César” se caracterizó por dominar el territorio de una porción de la Villa 31, conocida como Barrio San Martín, y la zona del vagón de tren donde se erige la capilla Virgen de Guadalupe.
El fiscal federal explicó en su presentación que “la modalidad que implementó la organización tiene como denominador común la usurpación de viviendas y el abuso de armas y la violencia como medio para mantener cautivos del miedo a los pobladores ajenos al negocio, como también la utilización de satélites o campanas, para alertar cualquier intrusión que pueda poner en riesgo la continuidad del negocio”.
Otro de los puntos abordados por el extenso requerimiento de Di Lello remite a la necesidad de profundizar las investigaciones. Para la Fiscalía existen circunstancias que permiten fundadamente sospechar sobre “la existencia de eslabones de la cadena de tráfico por encima de los aquí desbaratados que aún operan en las sombras”.
En su petitorio, además de requerir la elevación a juicio, Di Lello pidió la extracción de testimonios para continuar con la investigación, con el objeto de profundizarla y determinar circunstancias que aún no fueron debidamente dilucidadas. En este sentido, el fiscal expresó: “considero que el conocimiento que se ha logrado del intenso trabajo llevado a cabo debe utilizarse en aras a brindar una solución a la problemática de fondo (…) y continuar con la labor que ha comenzado, que persigue generar una presencia estatal permanente que contrarreste la actividad de los grupos organizados que han logrado ejercer de forma violenta el dominio territorial”.
Ahora bien, oportunamente, el representante del MPF, el Juzgado Federal Nº4 y autoridades gubernamentales llevaron adelante varias tareas en el barrio, “consecuencia de la ausencia estatal, que permitió que bandas como la aquí investigada hayan tomado el control del territorio”. Entre las actividades se encuentra el secuestro de aquellos domicilios utilizados por la organización, que fueron destinados a organismos estatales para que se lleven a cabo las obras inherentes para la instalación de los dispositivos proyectados, para uso y goce de los vecinos del barrio.
En este sentido, refiere el documento que, como consecuencia de las tareas conjuntas, “se mejoró la calidad de vida en las zonas maltratadas por el flagelo de las drogas, (lo que) permitió bajar sensiblemente las tasas delictivas”. Y agregó que los vecinos “cansados de los avatares que este tipo de actividades genera, alentados por la repentina respuesta estatal a sus problemas y la inusual permanencia en el territorio luego de finalizados los procedimientos, tomaron valor para colaborar con la instrucción y brindaron información sobre las actividades de comercio de drogas que allí existen, que pudo ser corroborada mediante tareas de inteligencia y escuchas telefónicas”.
A fin del año pasado el representante del MPF elaboró pautas a tener en consideración para un abordaje integral en barrios vulnerables en el marco de causas de lucha contra el narcotráfico.

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